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viernes, 17 de septiembre de 2021

PA' COMPLETA:Atrapan al supuesto jefe operativo de la red Falcón. "El Internacional "


MIRIAM GERMÁN SE REUNIÓ AYER CON EL EQUIPO ANTICORRUPCIÓN

YUDELKA DOMÍNGUEZ / RAMÓN CRUZ BENZÁN-listindiario

Santo Domingo, RD.-La Dirección Nacional de Control de Drogas (DN­CD) apresó anoche a Juan Carlos Mos­quea Eduardo, señalado como jefe operativo de la red de narcotráfico y lava­do de activos desmante­lada mediante el caso Fal­cón.

Juan Carlos es herma­no de Erick Randhiel Mos­quea Polanco, quien ha sido nombrado por el mi­nisterio público como el cabecilla de la red dedica­da al tráfico internacional de cocaína y lavado de ac­tivos.


El apresamiento de Juan Carlos Mosquea, de acuer­do a informaciones sumi­nistradas por una fuente a Listín Diario, se produjo en la provincia Puerto Plata, donde estaba refugiado.

La solicitud de medida de coerción contra los implicados en esta red establece que la función principal de Juan Carlos Mosquea Eduardo era prestar su nombre pa­ra la compra de propie­dades y administrar las empresas de su hermano Erick Randhiel Mosquea Polanco.

Las mismas fuentes seña­laron que hasta el momen­to han sido decomisados unos 180 vehículos de alta gama, adquiridos a través de la red de lavado de di­nero y narcotráfico.


Mosquea Eduardo forma parte de las seis personas a las que el pasado mar­tes las autoridades le pidie­ron que se entregaran a la justicia. Los demás que es­tán prófugos son su herma­no Erick Randhiel Mosquea Polanco, Kelvin Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, Alberto En­manuel de Jesús Polanco (también hermanos) y Osi­ris Medina Díaz.

De acuerdo a las autori­dades, estos hombres an­dan con armas de distintos calibres y son individuos violentos y muy peligrosos.

Los prófugos son busca­dos por unidades élites y de reacción de agencias de in­teligencia del Estado.


Prendas y dinero incautados

A esta poderosa red se le han incautado cerca de 180 vehículos de alta gama, re­sidencias, relojes, cadenas de oro, crucifijos de oro, carteras, celulares de distin­tas marcas y más de más de 4.3 millones de dólares en efectivo.

Hasta el momento con la detención de Juan Carlos Mosquea suman 25 las per­sonas apresadas. Los últi­mos en ser detenidos en la provincia Santiago, donde estaba la base de operacio­nes de la supuesta red, fue­ron Enerio Sandoval, quien se entregó a las autorida­des tras los señalamientos en su contra. Mientras que Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldy Read Ruiz fueron apresados el pasado fin de semana.


A ellos se les suma María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli y/o La Princesa; Juan Maldonado Castro, conocido como Marcial y/o El Líder, quien era director de Comunidad Digna y sus­pendido por el presidente de la República Luis Abina­der tras conocerse su impli­cación en el caso.

También están Víctor El­pidio Altagracia Paulino Herrera, alias El Gordo; Luis Daniel Nieves Batis­ta; Adolfo Antonio Torres Sanabia, conocido como Tony y/o Presidente; Ju­lio César Jiménez Talave­ra, apodado domínico-ve­nezolano; Juan Bautista Carpio Reynoso; José Ale­jandro de la Cruz Morales Omar, alias La Moña. Tam­bién Raúl Antonio Castro Mota; Yana Iris Maldona­do Castro; Angélica María Maldonado Peralta; Lenin Bladimir Torres Bueno; Marisol López Ceballos; Delfina Asunción Polan­co; Ana Margarita Colla­do Marte; Erich Fernando Meléndez Gómez; José Miguel Castillo Taveras, alias Migue; Elva Teresa Polanco; Juan Carlos Du­rán Rodríguez; Javier An­tonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.


Contra ellos el ministerio público, representado por el fiscal de Santiago Osval­do Bonilla Hiraldo, ha soli­citado 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el caso se de­clare complejo.

La medida de coerción es conocida este viernes en el Palacio de Justicia de San­tiago.

Por este caso y ante la soli­citud del ministerio público de investigar tres diputados señalados en esta red, fue designado ayer jueves el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier como juez de instrucción especial en la investiga­ción.


Los diputados señalados como parte de esta red son Héctor Darío Féliz (Pirrín), Nelson Rafael Marmolejos Gil y Faustina Guerrero Ca­brera (Grey Maldonado).

Procuradora y fiscales en reunión cumbre

La procuradora general de la República, Miriam Ger­mán Brito, alabó ayer la “dedicación y calidad” del trabajo de los fiscales en los casos anticorrupción a su cargo, asegurando que es­to los coloca ante “un gran desafío”.

Dijo que, para ella, re­sulta “un privilegio contar con un equipo que com­prende la determinación de esta gestión de luchar contra la delincuencia y la criminalidad organizada”,

Sus declaraciones se produjeron tras una re­unión de trabajo de alto nivel con los responsa­bles de los entes de per­secución del Ministerio Público a cargo de las in­vestigaciones del caso Operación Falcón.

Específicamente, parti­cipó parte del equipo de fiscales investigadores y litigantes del proceso que desarticuló la red de lava­do de activos provenientes del narcotráfico, un ope­rativo que fue coordina­do con la Dirección Nacio­nal de Control de Drogas (DNCD), los organismos de seguridad del Estado y la cooperación de agen­cias internacionales que luchan contra el crimen or­ganizado.

Una gestión decidida

“Es un privilegio contar con un equipo que com­prende la determinación de esta gestión de luchar contra la delincuencia y la criminalidad organi­zada, siempre amparado en criterios jurídicos para que se imponga el cum­plimiento de la ley”, de­alclaró.

El narcotráfico, agregó la magistrada, “lacera a toda la sociedad, con consecuencias que no siempre se pueden advertir con facilidad y que el lavado de activos afecta negativamente el tejido económico, al impactar con una competencia desleal a los sectores productivos y a personas emprendedoras”.

UN DATO
Las funciones

El ministerio público es responsable de la formulación e implementación de la política del Estado dominicano contra la criminalidad, que está dirigida a prevenir, controlar, gestionar y perseguir los hechos punibles . Un fiscal debe proteger el interés público y actuar con objetividad.

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